Se flexibiliza la prohibición vigente desde 1995, permitiendo a usuarios civiles acceder a armas derivadas de uso militar si justifican su uso deportivo

Mediante el Decreto 397/2025, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo un cambio sustancial al régimen legal de armas de fuego en Argentina, al modificar el Decreto 64/1995, que establecía la prohibición general para la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas con cargadores desmontables de tipo militar por parte de civiles. A partir de ahora, los legítimos usuarios podrán solicitar autorización especial ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), siempre que acrediten usos deportivos u otras finalidades lícitas.

Nueva normativa: control en lugar de prohibición

El nuevo decreto sustituye la prohibición absoluta por un régimen de control especial, en manos de la ANMAC, organismo descentralizado del Ministerio de Seguridad. Esta agencia será la encargada de evaluar caso por caso las solicitudes de tenencia de armas semiautomáticas tipo fusiles, carabinas o subametralladoras derivadas de armamento militar, de calibre superior al .22 LR.

Según la nueva normativa, los usuarios deberán presentar pruebas fehacientes de uso deportivo, así como cumplir con requisitos objetivos que serán definidos por la ANMAC. Esto busca equilibrar el derecho de los usuarios con la seguridad pública, según fundamenta el decreto.

Desde 1995, estas armas estaban catalogadas como de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tras una reforma impulsada por el Decreto 64/95. Esa clasificación impedía que los usuarios civiles pudieran adquirirlas o transferirlas legalmente, incluso en casos sucesorios. Esta situación generó un número creciente de armas en situación irregular, al quedar fuera de los marcos de transferencia permitidos.

Durante estas tres décadas, tanto el ex Registro Nacional de Armas (RENAR) como la actual ANMAC aplicaron criterios cada vez más restrictivos, reduciendo al mínimo la posibilidad de otorgar excepciones.

El texto firmado por el presidente Javier Milei, junto al ministro del Interior Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, argumenta que el cambio es necesario para “reevaluar los mecanismos dispuestos para controlar” este tipo de armamento y permitir su uso legítimo en el ámbito deportivo, siempre bajo análisis riguroso.

Además, el decreto señala que se ha desarrollado una “profusa doctrina administrativa” en torno al tema, pero que su aplicación desigual generó distorsiones y situaciones de irregularidad entre usuarios fallecidos y sus herederos.

Entre el control y la legalización parcial

La medida no representa una liberalización total del mercado de armas, pero sí una flexibilización significativa respecto al esquema vigente. La clave estará en cómo la ANMAC implemente los nuevos criterios y cuántos permisos efectivamente se otorguen.

Este cambio se inscribe en la línea de desregulación y reforma institucional impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque con un enfoque de control administrado, antes que de apertura irrestricta.

Con su entrada en vigencia inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial, el Decreto 397/2025 abre una nueva etapa en la regulación de armas en Argentina, con potencial impacto en usuarios civiles, clubes de tiro deportivo y la industria armamentista legal.

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